lunes, 15 de septiembre de 2014

Los agentes de Medio Ambiente del Cabildo realizaron 194 actuaciones en los meses de verano


El Cabildo de Fuerteventura ha realizado un balance positivo de la actividad realizada durante los meses principales de verano por el cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, registrando un total de 194 diligencias entre junio y agosto.


Estas actuaciones se dividen en 104 actas de inspecciones, 27 intervenciones en materia de fauna (10 actas de levantamiento y 17 actas de hallazgo y recogida de fauna accidentada) y 42 denuncias de distinta índole.

Entre las 42 denuncias interpuestas, cabe destacar las 11 referidas a la circulación de vehículos en zonas no permitidas, las 8 registradas en el ámbito del urbanismo (ampliaciones de obras en dominio público o en terrenos no adecuados a ordenación) y otras 2 por actividad de caza en época de veda.

La actividad de los Agentes incluye actuaciones ante el abandono de vehículos en el campo, acampadas en zonas no permitidas, marisqueo de especies prohibidas, infracciones de caza, vertidos en zonas no autorizadas, extracciones de áridos, daños a flora y fauna catalogada, maltrato animal, o uso indebido de fitosanitarios o envenenamientos, entre otros.

Natalia Évora llamó la atención sobre la alta operatividad del cuerpo de Agentes de Medio Ambiente durante la época del año en que la Isla, tanto en la costa como en el espacio rural, registra una mayor actividad humana. En estos tres meses, estas 194 actuaciones han supuesto un 41 por ciento de las 473 diligencias registradas a lo largo del año, lo cual "saca a relucir el intenso trabajo que realizan nuestros agentes para proteger al territorio y los valores naturales ante todo tipo de amenazas".

Un factor crucial para alcanzar estos datos es la colaboración ciudadana, señaló la consejera, pues en muchas ocasiones son los avisos de vecinos responsables los que facilitan la intervención de los Agentes. En definitiva, declaró, "es un trabajo conjunto el que permite evitar que se produzcan actividades ilegales o sancionar directamente a los infractores". 

La consejera hizo un llamamiento a la concienciación, por la importancia que tiene proteger el medio ambiente y el territorio. "De su conservación depende el mantenimiento de nuestro principal medio de vida, el turismo, y también otras actividades como la ganadería y la agricultura. Todos queremos disfrutar de la costa y el medio rural en verano, pero debemos hacerlo respetando la normativa, y sobre todo actuando con responsabilidad y sentido común".

Vehículos y edificaciones

Una parte importante de las denuncias registradas este verano por los Agentes de Medio Ambiente se ha relacionado con el abandono y circulación de vehículos en zonas no permitidas y con obras no autorizadas en dominio público o en espacios no adecuados por ordenación, como pueden ser suelos rústicos o espacios naturales.

Con respecto a los vehículos, este cuerpo señala que su abandono se equipara al vertido de residuos peligrosos, por su potencial contaminante para el territorio. En este tipo de infracciones, recuerdan, las denuncias recaen en el propietario registrado del vehículo, al igual que en las denuncias por circulación o estacionamiento en zonas no habilitadas para ello.

En cuanto a las edificaciones ilegales, existe una coordinación entre todas las entidades con competencias en esta materia (Agentes, Agencia canaria, Costas, SEPRONA, Policía Local¿) para detectar y sancionar a los infractores. 

Natalia Évora, consejera de Medio Ambiente del Cabildo, valoró que "el territorio insular es frágil y sufre graves daños ocasionados por quienes no lo respetan. Por ejemplo, salirse de la carretera y hacer campo a través abriendo nuevas pistas produce un daño irreparable y ocasiona un fuerte impacto visual. En una Isla árida como esta no hay vegetación que pueda recuperar estos desperfectos, que permanecen durante décadas. Es por eso que los agentes actúan con dureza cuando se detecta esta actividad", trasladó.

También destacó la colaboración y coordinación que existe entre el Cabildo y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural a la hora de realizar las inspecciones y levantar las actas que abren los procedimientos necesarios para sancionar a las construcciones ilegales.

RESPONDIENDO A LAS MANIFESTACIONES DE LA FEDERACIÓN INSULAR DE CAZA DE LA PALMA


La Coordinadora de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias, rechaza por inciertas y desafortunadas, las acusaciones vertidas por el presidente de la Federación Insular de Caza de La Palma de la UGT.FSP, D. Javier Triana, en el Diario de avisos del pasado 11 de septiembre del presente año, y se ratifica en todas y cada una de sus manifestaciones, estudiando la procedencia de nuevas acciones contra los Convenios de Colaboración en materia de caza firmados entre el Cabildo de La Palma y la referida entidad privada de base asociativo-deportiva, entre las que se cuenta la posible denuncia de los referidos Convenios de colaboración ante el Tribunal de Cuentas.

Mediante la legitima impugnación ante los Tribunales de Justicia de dichos Convenios de Colaboración, la Coordinadora de UGT-FSP simplemente pretende el cumplimiento de la legalidad vigente, inherente a la defensa de los intereses colectivos que tiene legalmente asignados, oponiéndose a toda forma de externalización ilegítima de los servicios públicos, como es el de la vigilancia de la caza; no pudiendo justificarse dichos actos en considerar que se pierden puestos de trabajo en la Federación Insular de Caza, pues dichos puestos de trabajo son pagados por la Administración Insular, y por tanto, no deberían integrarse en la estructura privada de dicha Federación Insular deportiva, sino en la propia plantilla del Cabildo de La Palma (que es quien los paga y quien tiene la competencia), para de este modo servir a los intereses generales de manera objetiva e imparcial, y no a los particulares de una entidad privada de base asociativa como es la citada Federación Insular de Caza, que no guarda relación alguna con la preservación pública de los recursos naturales, máxime tratándose del ejercicio de funciones de policía cinegética, que la legislación vigente reserva a personal funcionario, como claramente estableció en su día la sentencia nº 374/1998, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Al respecto, tampoco se puede olvidar lo dispuesto expresamente art. 81. 9 del vigente Reglamento de Caza, aprobado por Decreto 42/2003, de 7 de abril, referido a los guardas de caza, conforme al cual, “Sin perjuicio de las funciones de auxilio y colaboración respecto a los agentes de medio ambiente, los guardas de caza carecerán de todo vínculo laboral o de servicios con los Cabildos Insulares, circunscribiéndose dicha relación, exclusivamente, con las personas o entidades que contraten sus servicios y que ostentarán, respecto de los guardas de caza, la condición de empresario o empleador”.

Destacar además, como reconoce el propio presidente de la Federación en su manifestaciones a la prensa, haber recibido una “subvención” de la Administración Insular, si bien olvida mencionar que para ello no se han respetado los procedimientos ni los principios propios en la materia, como los de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación aplicable a estos negocios y relaciones jurídicas entre la Administración Pública y los particulares. En tal sentido, invitamos a la Federación Insular de Caza de La Palma, a que haga público el texto del Convenio de Colaboración, para que la ciudadanía pueda sacar sus propias conclusiones.

Concluir manifestando que, no comprendemos el malestar de la Federación Insular de caza de La Palma, pues si tan claro tiene el Sr. Presidente de la referida Federación Insular de Caza la legalidad del Convenio de Colaboración suscrito con la Corporación Insular Palmera, nada habría de temer a la acción de la justicia, sino muy al contrario, ya que es la mejor garantía del cumplimiento de la legalidad, sin que se pueda pretenderse por la referida Federación Insular, mantener privilegios al margen de la legalidad vigente. Y es que hay que recordar, que las funciones circunscritas a las federaciones deportivas, se centran en la organización de competiciones de esa índole,lo cual parece ser ignorado por los gestores públicos insulares.